La Transición democrática

A la muerte de Franco, España era una sociedad industrializada y urbana, con sectores sociales que reclamaban libertades y homologación europea, pero conservaba las instituciones de la dictadura. La crisis económica iniciada en 1973, la conflictividad laboral, la oposición democrática, los nacionalismos catalán y vasco y la violencia política aumentaban la presión. El rey, los gobiernos reformistas, la oposición y los movimientos sociales actuaron dentro de una correlación de fuerzas incierta, bajo la vigilancia de sectores militares y con un recuerdo cercano de la Guerra Civil.

El cambio fue impulsado por la desaparición del dictador y la crisis sucesoria del régimen, la incapacidad del franquismo para responder a una sociedad modernizada, la movilización obrera, estudiantil, vecinal y nacionalista, la coordinación de la oposición y la voluntad reformista de una parte de las élites. También influyeron el deseo de integración en Europa occidental, la necesidad de afrontar la crisis económica y la búsqueda de legitimidad de la monarquía. Ningún factor aislado explica el proceso: el resultado dependió de la interacción entre presión social, decisiones institucionales, negociación y equilibrio de riesgos.

Tras el breve Gobierno de Arias Navarro, Adolfo Suárez impulsó la Ley para la Reforma Política, ratificada el 15 de diciembre de 1976. En 1977 se legalizaron fuerzas políticas, se celebraron elecciones libres y se aprobaron medidas de amnistía. Las nuevas Cortes elaboraron la Constitución y los principales partidos firmaron los Pactos de la Moncloa. El texto constitucional fue ratificado el 6 de diciembre de 1978. En 1979 se celebraron nuevas elecciones y comenzaron los primeros estatutos de autonomía. La crisis de UCD, la dimisión de Suárez y el intento de golpe del 23-F marcaron 1981. Leopoldo Calvo-Sotelo presidió el Gobierno hasta las elecciones de octubre de 1982, ganadas por el PSOE con mayoría absoluta.

Se instauró una democracia parlamentaria con sufragio universal, pluralismo, derechos fundamentales y división de poderes. La Constitución creó un marco territorial descentralizado mediante comunidades autónomas. España avanzó hacia la integración europea y atlántica, aunque el ingreso en la Comunidad Económica Europea se produjo en 1986. Los consensos facilitaron el cambio sin una nueva guerra, pero no eliminaron la violencia política ni todas las continuidades institucionales y sociales. La amnistía, el tratamiento público del pasado, el papel de las élites, la aportación de los movimientos sociales y los límites del consenso siguen siendo asuntos de debate historiográfico y cívico.