Desamortización

Proceso jurídico, económico y político por el cual determinados bienes que estaban fuera del mercado —por pertenecer a corporaciones eclesiásticas, municipios u otras instituciones y hallarse vinculados o amortizados— pasaron a ser bienes nacionales o quedaron declarados en venta, para ser enajenados generalmente mediante subasta pública. No debe confundirse con una simple expropiación puntual: fue una política prolongada y articulada en distintas disposiciones a lo largo del siglo XIX.

La desamortización se inserta en la revolución liberal y en la construcción de un nuevo régimen de propiedad privada. Hubo precedentes desde finales del siglo XVIII y durante las etapas liberales del primer tercio del XIX, pero la fase asociada a Juan Álvarez Mendizábal fue decisiva. El Real Decreto de 19 de febrero de 1836 dispuso la venta de bienes nacionales procedentes, entre otros, de las comunidades religiosas suprimidas, con el objetivo explícito de contribuir a la amortización de la deuda pública y activar la riqueza. En 1855, durante el Bienio Progresista, la Ley de Desamortización General promovida por Pascual Madoz amplió la venta a bienes del Estado, clero, órdenes militares, cofradías, obras pías, propios y comunes de los pueblos, beneficencia e instrucción pública, con determinadas excepciones.

• Conversión de bienes amortizados o corporativos en bienes nacionales o en bienes susceptibles de venta.
• Venta mediante subasta pública y transformación de la estructura jurídica de la propiedad.
• Fuerte incidencia sobre el patrimonio eclesiástico en la etapa de Mendizábal.
• Ampliación a bienes municipales y de otras corporaciones en la etapa de Madoz.
• Objetivos fiscales y financieros —ingresos y reducción de deuda— junto con objetivos políticos y económicos vinculados al liberalismo.
• Resultados sociales desiguales: la compra dependía de la capacidad económica de los licitadores y no equivalió a un reparto general de tierras entre campesinos.

La desamortización modificó profundamente la propiedad agraria y urbana, contribuyó a consolidar el marco liberal de propiedad privada y proporcionó recursos al Estado. También alteró el patrimonio de la Iglesia y de los municipios, afectó a usos comunales y favoreció la circulación mercantil de tierras. Su valoración histórica exige distinguir entre sus objetivos —fiscales, políticos y económicos— y sus efectos sociales, que variaron según territorios y fases y no produjeron una reforma agraria igualitaria.

El Real Decreto de 19 de febrero de 1836 ordenó la venta de bienes nacionales procedentes de las comunidades religiosas suprimidas y vinculó su producto a la deuda pública. La Ley de 1 de mayo de 1855 declaró en estado de venta un abanico mucho más amplio de fincas, censos y foros pertenecientes al Estado, al clero y a diversas corporaciones, incluidos bienes municipales. Comparar ambas normas permite distinguir la desamortización de Mendizábal de la desamortización general de Madoz.