División de poderes

Principio político-jurídico según el cual las funciones fundamentales del Estado se atribuyen a órganos diferenciados: el poder legislativo elabora las leyes, el ejecutivo dirige el gobierno y ejecuta las normas, y el judicial juzga y hace ejecutar lo juzgado. En los sistemas constitucionales actuales no implica aislamiento absoluto, sino diferenciación funcional, independencia en ámbitos esenciales y mecanismos de control recíproco.

La formulación moderna de la separación de poderes se desarrolló en el pensamiento liberal de los siglos XVII y XVIII, especialmente con Locke y Montesquieu, y se incorporó a las revoluciones constitucionales atlánticas. En España, las Cortes de Cádiz la integraron en la Constitución de 1812 junto con la soberanía nacional. El modelo gaditano asignaba la potestad legislativa a las Cortes con el Rey, el poder ejecutivo al Rey y la función judicial a los tribunales. Durante el siglo XIX el principio se adaptó a distintas fórmulas monárquicas y parlamentarias. En la Constitución de 1978 se articula mediante la atribución de potestades diferenciadas a las Cortes Generales, el Gobierno y el poder judicial, acompañada de controles entre instituciones.

• Diferenciación de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial.
• Asignación de esas funciones a órganos distintos, con ámbitos de autonomía propios.
• Limitación de la concentración del poder mediante controles y contrapesos.
• Especial garantía de la independencia judicial y del sometimiento de todos los poderes a la ley.
• En los regímenes parlamentarios modernos, separación flexible: existen relaciones de colaboración y control, especialmente entre Parlamento y Gobierno.

Fue uno de los mecanismos fundamentales con los que el liberalismo trató de sustituir el poder concentrado de la monarquía absoluta por un Estado sometido a normas e instituciones. En España, su recepción en 1812 marcó una ruptura con el Antiguo Régimen y se convirtió en un rasgo recurrente del constitucionalismo posterior. En la democracia de 1978 sigue siendo un principio estructural del Estado de Derecho, porque distribuye competencias, protege la independencia judicial y dificulta la apropiación de todas las funciones estatales por una sola autoridad.

La Constitución de 1812 permite observar el principio con claridad: las Cortes participaban en el poder legislativo, el Rey ejercía el ejecutivo y los tribunales tenían atribuida la función judicial. En la Constitución de 1978, las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado (art. 66.2), el Gobierno ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria (art. 97), y la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a jueces y tribunales (art. 117.3).