Monarquía parlamentaria

La monarquía parlamentaria es un sistema en el que la Jefatura del Estado corresponde a un monarca hereditario, pero el ejercicio del poder político está sometido a la Constitución y al principio democrático. En España, el artículo 1.3 de la Constitución declara expresamente que la forma política del Estado es la Monarquía parlamentaria.

La monarquía fue restaurada en 1975 con la proclamación de Juan Carlos I tras la muerte de Franco, pero su configuración democrática quedó definida por la Constitución de 1978. El texto constitucional vinculó la Corona al nuevo Estado social y democrático de Derecho, delimitó sus funciones y estableció un sistema parlamentario en el que el Gobierno necesita la confianza del Congreso de los Diputados. De este modo, la legitimidad política de las decisiones gubernamentales procede de la soberanía popular y de la representación parlamentaria.

• La Constitución de 1978 establece en su artículo 1.3 que España es una monarquía parlamentaria.
• El Rey es jefe del Estado y símbolo de su unidad y permanencia.
• Las funciones de la Corona están reguladas por la Constitución; el monarca no dirige la política del Gobierno.
• Los actos del Rey están, como regla general, sometidos a refrendo, lo que desplaza la responsabilidad política a las autoridades que refrendan.
• El Gobierno responde políticamente ante el Congreso y deriva su legitimidad del sistema parlamentario y de la soberanía popular.

Definió el lugar de la Corona dentro del nuevo sistema democrático surgido de la Transición. Al separar la Jefatura del Estado de la dirección política del Gobierno y someter las funciones regias a la Constitución, integró la institución monárquica en un régimen basado en la soberanía popular, el pluralismo y el parlamentarismo.

Tras unas elecciones generales, el Rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno después de consultar a los representantes designados por los grupos políticos; el candidato debe obtener la confianza del Congreso conforme al artículo 99. El Gobierno resultante, no el monarca, dirige la política.