Régimen señorial

El régimen señorial fue el conjunto de relaciones jurídicas, económicas y políticas vinculadas a los señoríos. Un señor podía percibir rentas y prestaciones derivadas de la posesión de tierras y, cuando disponía de jurisdicción, ejercer funciones de gobierno y justicia o participar en la fiscalidad local. Debe evitarse identificar automáticamente señorío con servidumbre: la condición jurídica de los habitantes y el alcance de los derechos señoriales fueron diversos.

Los señoríos se formaron y expandieron en los reinos cristianos medievales mediante concesiones regias, patrimonios nobiliarios y eclesiásticos, órdenes militares y otras formas de apropiación y organización territorial. Durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna, la monarquía reforzó sus estructuras sin eliminar los poderes señoriales, que continuaron integrados en el entramado político de la Monarquía. En el tránsito al Estado liberal, las Cortes de Cádiz decretaron el 6 de agosto de 1811 la incorporación de las jurisdicciones señoriales a la Nación y abolieron privilegios exclusivos asociados al señorío, diferenciando estas jurisdicciones de las propiedades territoriales particulares.

• Combinaba, según cada caso, derechos sobre la tierra, cobro de rentas y poderes de jurisdicción.
• Los señoríos podían ser laicos o eclesiásticos y presentar configuraciones muy distintas.
• La jurisdicción señorial podía abarcar gobierno local, justicia y determinadas exacciones o derechos.
• Convivía con la autoridad de la Corona y con instituciones concejiles, generando una distribución compleja del poder.
• Los derechos jurisdiccionales fueron abolidos en el proceso de revolución liberal iniciado en las Cortes de Cádiz.

El régimen señorial ayuda a explicar la estructura social del Antiguo Régimen, la distribución del poder entre monarquía, nobleza, Iglesia y concejos y la desigualdad jurídica característica de las sociedades estamentales. También es clave para comprender por qué la revolución liberal del siglo XIX consideró necesaria la supresión de las jurisdicciones y privilegios señoriales para construir un orden basado en una jurisdicción estatal común.

En un señorío jurisdiccional castellano, el titular podía intervenir en el nombramiento de oficiales, ejercer o controlar funciones de justicia y percibir determinados derechos, mientras los vecinos mantenían instituciones concejiles y estaban sometidos también al marco general de la monarquía. Para analizar un caso concreto hay que distinguir siempre qué facultades eran jurisdiccionales y cuáles procedían de la propiedad de tierras y rentas.